Durante ese período fueron investigadas 3.420 denuncias llegadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio vaticano que centralizó el tratamiento de estos delitos tras la publicación en el 2001 de la carta ‘De delictis gravioribus’ (‘Sobre los delitos más graves’), realizada por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, quien cuatro años después se convertiría en Benedicto XVI.
Los datos de sacerdotes destituidos, apartados e investigados fueron recopilados por la Santa Sede para el informe que presentó esta semana ante el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
Las cifras las ofreció el arzobispo italiano Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede en las instituciones de la ONU con sede en Ginebra.
Respondiendo a las preguntas de los miembros de esta agencia de la ONU, que pidió claridad al Vaticano frente al número de investigaciones abiertas y acciones de prevención tomadas, monseñor Tomasi explicó que al ser reducidos al estado laical, los sacerdotes pedófilos rompían su relación con el obispo de su diócesis o el superior de su congregación religiosa.
El representante de la Santa Sede aseguró que no tenía datos sobre cuántos de estos presbíteros habían sido procesados o condenados por las autoridades civiles de los países bajo cuya jurisdicción se encontraban.
Recordó que el protocolo de actuación propuesto por el Vaticano a las distintas conferencias episcopales contempla que cuando se produce una acusación creíble de abuso sexual a un menor cometido por un eclesiástico, existe la obligación de denunciar a las autoridades civiles.
De esta manera, al posible criminal se le abre un doble proceso: canónico, por parte de las autoridades eclesiásticas, y civil, a cuenta del Estado donde reside el sospechoso. “Creo que la mayor parte de estos sacerdotes han sido también sancionados en base a un sistema penal civil”, dijo el arzobispo italiano.
El obispo de cada territorio eclesiástico “tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis”, por lo que cuando hay un posible caso de abuso cometido por un clérigo ha de informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a la Policía de su país.
Tras estudiar el caso, es el antiguo Tribunal del Santo Oficio el que tiene capacidad para aplicar al condenado la pena más dura, la expulsión del estado clerical.
El representante diplomático vaticano recordó que la Santa Sede no tiene jurisdicción civil sobre todos los católicos, sean o no sacerdotes o religiosos y que solo puede juzgar a los pederastas que eventualmente actúen dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero mantiene su capacidad para abrir procesos canónicos a los eclesiásticos acusados.
Al ofrecer con detalle las cifras de sacerdotes destituidos, apartados e investigados, Tomasi subrayó que los delitos no se cometieron en los años en que estaban encuadrados, pues la mayoría tuvieron lugar en las décadas de los 50, 60, 70 y 80.
Número de casos
De 2004 a 2013 la Congregación estudió 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años. Los años con más casos fueron el 2004 (730), 2010 (464), 2012 (418), 2011 (402), 2013 (401), 2007 (216).
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