En ambas cámaras del Congreso fueron presentados proyectos de ley que pretenden penalizar con congelamiento de activos y prohibición de entrada a Estados Unidos a quienes consideren responsables de la violencia.
El presidente del comité, el demócrata Robert Menéndez, dijo que se trata de "penalidades contundentes" contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro por "aterrorizar a grandes segmentos de la población con una impunidad inquebrantable".
Menéndez es una de las figuras más visibles de un grupo de congresistas demócratas y republicanos que piden que Washington reaccione más fuertemente ante lo que consideran son excesos de las autoridades contra manifestaciones de la oposición.
Desde que en febrero empezaron las movilizaciones antigubernamentales, se han registrado 42 muertes -entre opositores, simpatizantes del gobierno y una decena de policías-, según datos de la fiscalía, y han sido arrestadas más de 3.000 personas, de las que poco más de un centenar permanecen detenidas a la espera de procesos judiciales.
El grupo que promueve sanciones contra el gobierno venezolano cuestiona la dura represión ejercida por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, aunque el gobierno y la fiscalía aseguran que han actuado respetando los derechos ciudadanos, e incluso muestran la detención de unos 20 funcionarios como demostración de su intolerancia con los excesos policiales.
Mientras en el Capitolio muchos están dispuestos a imponer sanciones a Caracas, en la Casa Blanca hay una actitud más renuente y su estrategia es la de apoyar con "optimismo cauteloso" el incipiente diálogo político que iniciaron las partes hace dos meses para buscar una salida al conflicto. Éste actualmente está congelado, precisamente por las quejas de la oposición sobre la represión de las manifestaciones.
Por ahora las iniciativas legislativas deberán ser consideradas en los plenos de la Cámara de Representantes y el Senado, antes de ser presentadas al presidente Barack Obama, quien tiene la potestad de convertirlas en ley o vetarlas.
Funcionarios del gobierno de Obama han aclarado que sólo contemplan el uso de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos si esas conversaciones fracasan, aunque han advertido que imponerlas podría ser "contraproducente".
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La principal razón de esa cautela es que la Casa Blanca considera que las sanciones, en vez de ponerle fin a la crisis, podrían afectar el diálogo y darle nuevos argumentos a Maduro.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo este mes ante el Congreso que las sanciones le servirían al presidente para recurrir a una "mentalidad de víctima".
Washington teme que una reacción punitiva genere aun más acusaciones de injerencia de parte de Venezuela, lo que desviaría la atención de la crisis local a los problemas bilaterales.
"Este no es un tema entre Estados Unidos y Venezuela", dijo Jacobson, quien es la diplomática estadounidense de más alto rango enfocada en América Latina. "Es un problema interno de
Caracas piensa distinto. El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de entrometerse en su política interna hasta el punto de buscar un cambio de gobierno.
El canciller Elías Jaua aseguró el domingo que denunciará a Washington ante organismos internacionales como la ONU por su "injerencia" y las amenazas de sanciones.
Este tipo de reacciones ha puesto a la Casa Blanca en un incómodo dilema.
"La política de Obama está atrapada entre el imperativo político de hacer algo y el efecto que eso pueda tener en el terreno", le dice a BBC Mundo Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro de estudios con sede en Washington.
"Los imperativos son políticos y provienen del Capitolio, pero es probable que el impacto sea Venezuelacontraproducente".
En ambas cámaras del Congreso fueron presentados proyectos de ley que pretenden penalizar con congelamiento de activos y prohibición de entrada a Estados Unidos a quienes consideren responsables de la violencia.
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